El misionero Carlos Arce, integrante de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, respaldó el dictamen que aborda modificaciones relacionadas con la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen de comisión por unanimidad por los senadores presentes, también implica reformas a la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y establece, entre otros, la creación de un registro de activos virtuales.

El registro permitirá conocer de manera eficaz a los verdaderos dueños de las estructuras jurídicas. Este registro estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores y tendrá como objetivo detectar operaciones sospechosas realizadas a través de activos virtuales. Impulsar la regulación de las nuevas tecnologías, los productos y los servicios conexos, que si bien tienen el potencial de impulsar la innovación, eficiencia y la inclusión financiera, también crean nuevas oportunidades para que delincuentes y/o terroristas laven sus ganancias.

Atento a la evolución de la tecnología se incorpora, modifica y suprime Sujetos Obligados y se regula por primera vez a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y Abogados.

Estas modificaciones otorgan mayores herramientas a las autoridades competentes como la Unidad de Información Financiera (UIF) para el combate de estos delitos y que  son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el fin de que el país cumpla con las normativas internacionales, lo que resulta crucial para mantener relaciones fluidas con organismos de crédito internacionales tanto para el Estado como para organismos del sector privado. En la reunión informativa de la semana pasada el Jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara sostuvo  que “la evaluación del GAFI no se dirige a un gobierno en particular, sino al país en su conjunto, destacando la importancia de que estas medidas sean consideradas políticas de Estado para proteger al país de los crímenes organizados”.

Otra de las modificaciones planteadas en el media sanción es ampliar la escala de sanciones para prevenir estos delitos, incluyendo el aumento de las multas ya existentes, siendo más eficaces, proporcionales y disuasivas.

Actualmente, el país se encuentra atravesando un proceso de evaluación mutua ante el GAFI desde dos enfoques complementarios. Por una parte, la evaluación sobre el cumplimiento técnico, el marco jurídico e institucional del país. Y, por otra, la evaluación sobre la efectividad en la que se evalúa el grado en que el sistema de prevención y represión de lavado de activos resulta efectivo sobre la base de alcanzar un conjunto definido de resultados.

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